Los presos etarras presionan a Sánchez: quieren ayuda para lograr trabajo tras las excarcelaciones

La supuesta renuncia de los presos de ETA a los homenajes públicos cuando salgan de la cárcel -sí los harán en privado, aseguran- lleva asociado un precio, más allá de la flexibilidad penitenciaria y el acceso a la libertad. El colectivo reclama un plan individualizado para la «reinserción laboral y social» o, traducido, un acompañamiento «con garantías» para lograr trabajo y vivienda cuando salgan de la cárcel.

Los presos no harán su renuncia sin nada a cambio ni desaprovecharán tampoco la oportunidad que les brinda una coyuntura política en la que Bildu se ha convertido en socio preferente del Ejecutivo. Así, el fin último de su estrategia, que ha ido dando pasos acelerados en los últimos meses, es arrancar al Ejecutivo -central y vasco- una «solución integral a la cuestión de las personas presas». Y eso pasa por tres ámbitos: el «traslado definitivo» de los etarras «a las cárceles de su elección» en el País Vasco o Navarra, la «superación de la legalidad de excepción» penitenciaria -«con el consiguiente derecho al acceso a permisos ordinarios de salida, la progresión penitenciaria al tercer grado y el acceso a la libertad condicional»- y, finalmente, «la definición de un plan de reintegración generalizado».

Sobre este último aspecto, menos comentado, los presos aspiran a que, desde las instituciones públicas y por consenso entre «diferentes agentes», incluidos los propios presos, se facilite un «itinerario individual de reintegración, tanto en el camino de acceso a la libertad condicional como en la posterior reintegración social y laboral». En definitiva, un plan específico para facilitar la consecución de empleo o vivienda una vez fuera de la cárcel.

Los presos explican que ese «itinerario» deberá «reunir las garantías suficientes de que los pasos dados tendrán recorrido y serán acompañados desde Instituciones Penitenciarias, el Gobierno Vasco y las autoridades competentes, poniendo en marcha los recursos y las políticas coherentes necesarias».

Todas estas cuestiones se trataron en el encuentro mantenido este viernes en la cárcel de Logroño entre representantes del colectivo de presos y del Foro Social Permanente, plataforma que engloba a 17 organizaciones, entre ellas CCOO.

En esa reunión se realizó una «valoración positiva» de la acogida del comunicado en el que, el lunes, los presos expresaban su deseo de, en adelante, «ser recibidos de modo privado y discreto».

Presión a Sánchez

Ahora, los presos incrementan su presión en varios frentes. Por un lado, piden que el acercamiento a cárceles vascas y navarras sea definitivamente una realidad. El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presumió hace unos días en el Senado de que todos los presos de la organización terrorista ETA se encuentran ya en cárceles a menos de 200 kilómetros de su residencia. 

«Esta etapa transitoria no puede ser de goteo y estar supeditada a la crispación permanente que genera el debate en Madrid, sino que debe abordarse de manera decidida, generalizada y urgente», apremian los presos.

La reivindicación coincide con el planteamiento que, desde el propio Gobierno vasco, se hace en relación a los presos de ETA. El Ejecutivo de Íñigo Urkullu ya elaboró en 2014 el llamado Programa Hitzeman, que recoge la hoja de ruta una vez asumida la competencia de Prisiones. En el texto se admite que se ofrecerá a la persona presa «asesoramiento personal y legal sobre los procesos de reinserción social» y «apoyo para la inserción laboral y el acceso a la vivienda».

A los presos sólo se les exige que «asuman la responsabilidad del presente y el futuro sobre la base de una reflexión crítica del pasado».